PRONUNCIAMIENTO DE IRCA CASABIERTA y REFUGEES INTERNATIONAL CONRESPECTO A LOS RECIENTES DECRETOS EJECUTIVOS 43809-MGP/43810-MGP

Desde el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica, IRCA
CASABIERTA y Refugees International, manifestamos nuestra profunda preocupación ante el
recrudecimiento de discursos xenofóbicos, racistas y en general discriminatorios en contra de la
población migrante, solicitante de refugio y refugiada que se encuentra en Costa Rica.
Rechazamos las declaraciones emitidas en semanas anteriores por el presidente de la
República, Rodrigo Chaves, así como por el canciller Arnoldo André Tinoco, mismas que, además
de promover el rechazo a personas en movilidad humana, apuntan a un desconocimiento de la
normativa nacional e internacional en materia de refugio.


Reprobamos la elaboración y posterior publicación, el pasado primero de diciembre, del
Decreto Ejecutivo N°43810 MGP, mismo que modifica el Reglamento de Personas Refugiadas
(Decreto Ejecutivo N°36831-G), debido a que representa un retroceso significativo en materia de
Derechos Humanos.


Se identifican claras vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional de los Refugiados, plasmados en diversos instrumentos internacionales
suscritos por el Estado costarricense, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de 1951 sobre el estatuto de Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.


Con respecto a lo anterior, se observan violaciones al derecho a solicitar asilo, así como la
restricción, sin mayores justificaciones, de una serie de derechos fundamentales a las personas
solicitantes de refugio, tales como el derecho al trabajo y al libre tránsito, también resguardados a nivel constitucional.


Se estipula que serán inadmisibles las solicitudes de personas que, antes de ingresar a Costa
Rica, hayan pasado por otros países considerados “seguros” por parte de la Dirección General de
Migración y Extranjería, sin haber solicitado refugio y esperar una respuesta. Para ello, la
Administración podrá practicar las “diligencias probatorias necesarias”.


En relación con lo anterior, debe aclararse que no existe regla en el Derecho Internacional de
los Refugiados que obligue a una persona a solicitar refugio en determinado país. Preocupa la
posibilidad de que, a partir de ello, la Administración considere devolver/deportar a una persona con necesidades de protección internacional sin proveer acceso al proceso de refugio, lo cual violaría el principio de no-devolución (non refoulement).


Por otra parte, decreto ignora las distintas necesidades y realidades socioeconómicas de las
poblaciones mencionadas, en especial de las solicitantes de refugio LGBTIQ+, quienes
históricamente han sido vulnerabilizadas y cuyas condiciones para acceder a una vida digna se
tornan cada vez más difíciles.

En línea con lo anterior, la Administración ha establecido que, para llevar a cabo labores
remuneradas, las personas solicitantes de refugio deberán gestionar un permiso laboral. Dicha
petición únicamente se podrá realizar en caso de que se extienda el plazo de tres meses que ésta tiene para resolver la solicitud de refugio.


Resulta importante aclarar que dicho plazo ya era considerado para el otorgamiento del carné
provisional de permiso laboral de persona solicitante de refugio con anterioridad al decreto, por lo que es totalmente falso que existiera una autorización inmediata para laborar.


Ahora bien, en el caso de personas solicitantes de refugio que gestionen dicho permiso por
primera vez, preocupa la no claridad con respecto a los criterios o requisitos que la Administración aplicará para la autorización del mismo. Además, para su futura renovación, se exige que quienes así lo vayan a solicitar cuenten con seguro social.


Aunado a ello se establece una prohibición tácita de trabajar cuando no se apruebe dicho
permiso, ya que, caso contrario, se denegará la solicitud de refugio. Preocupa muchísimo la
sugerencia de que una mera cuestión de forma pueda demeritar la necesidad de protección
internacional.


Dichas disposiciones generan una contradicción evidente: por un lado, limitan el derecho al
trabajo y, por otro, castigan el trabajo en condiciones precarizadas, mismo que, lamentablemente, persiste y se agudiza aún más con medidas como estas.


Por otra parte, el Decreto Ejecutivo N°43809 MGP se refiere a una “categoría especial
temporal para personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyas solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado se encuentren pendientes de resolución o hayan sido denegadas”.


En su considerando recuerda que, de acuerdo con el art. 71 de la Ley General de Migración
y Extranjería (N°8764), se otorga a la Administración la posibilidad de establecer permisos especiales para la obtención de estatus migratorios de personas cuya situación nacional les impida cumplir con requisitos exigidos por la legislación migratoria vigente. De igual forma, el art. 93 dicta que la Dirección General podrá autorizar el ingreso y permanencia en el país de personas extranjeras, mediante categorías migratorias especiales, con el fin de regular situaciones migratorias que, por su naturaleza, requieran un tratamiento diferente.


No obstante, la categoría temporal propuesta, si bien se presenta como una opción para las
poblaciones en las circunstancias mencionadas, contiene algunas disposiciones que generan una
serie de interrogantes, dado que la redacción de varios artículos no es del todo clara con respecto a su posible interpretación y aplicación. Sin embargo, será hasta que dicha categoría entre en vigencia (marzo 2023) que se podrá verificar si su funcionamiento realmente resulta favorable en la práctica.


Instamos a las distintas organizaciones de sociedad civil, activistas por los derechos
humanos, organismos internacionales y población en general a que se sumen a este llamado de
atención y a una convocatoria colectiva para brindar información y coordinar acciones estratégicas que nos permitan apoyar a las poblaciones afectadas por estas reformas.